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Hay tres maneras de luchar contra las discriminaciones a nivel jurídico: las persecuciones penales, civiles o administrativas.

Hay tres maneras de luchar contra las discriminaciones a nivel jurídico: las persecuciones penales, civiles o administrativas. Penalizar un acto de discriminación es una forma de reflejar una forma de pensar, una lectura de la sociedad. De hecho, cuando este acto es merecedor de persecuciones y de sanciones penales, esto significa que un atentado es cometido contra el Estado y no contra una víctima en particular. El estado condena también moralmente esta discriminación.

¿Cómo las autoridades han logrado imponer la transparencia a los arrendadores de viviendas sociales en el “Gran Londres”? Colocando en práctica un sistema de atribución, basado en el Choice-based lettings de la ciudad de Delft en los Países Bajos.

Así, la socióloga Évelyne Baillergeau explica que la fuerza de la organización de las unidades locativas radica en el hecho de encontrarse por fuera de las instituciones tradicionales gracias al contacto directo de los habitantes, el cual favorece el involucramiento y el asesoramiento en los proyectos de ordenación territorial de su barrio.

Según ella, en las grandes ciudades como Ámsterdam o Rotterdam, el porcentaje de viviendas controlado por los arrendadores sociales alcanza hasta el 80%, en algunos barrios, con una presencia importante de poblaciones de inmigrantes.

El líder del partido conservador endurece su política, mientras el partido político antieuropeo UK Independance Party (UKIP) gana poder. Para este líder gubernamental, el acceso a los servicios públicos “debe ser una cosa que los inmigrantes ganen y no un derecho automático”, estas restricciones conciernen los subsidios por desempleo, el acceso a las viviendas sociales, así como los reembolsos de los gastos médicos.

La crisis en Europa, vanamente reprimida por algunos esfuerzos de austeridad, se mide por el mismo rasero de las poblaciones más vulnerables, estas que cada vez más gozan de menos. Actualmente, es urgente replantear las políticas públicas de vivienda con el fin de responder de la mejor manera a una demanda creciente y evitar así fenómenos como el de los dueños de tugurios, arrendadores sin escrúpulos y ultra selectivos, ya que, a este punto de la ruleta rusa, son en general los mismos que pierden, es decir, los migrantes que se ven privados de sus derechos.

“El alojamiento no debería ser considerado por los Estados como un gasto más, sino más bien como una verdadera inversión para el futuro, que debería ser tenido en cuenta de forma prioritaria.”

Julien Vanhée: ¿Por qué sería necesario que Europa invierta más en la vivienda social?

L’Ungheria conta circa 10 milioni di abitanti e si è aperta all’immigrazione internazionale a favore di un cambiamento sistemico, nel 1989. Il 21 dicembre 2007, l’Ungheria ha aderito all’area Schengen. Ma anche se ci sono stati taluni aspetti positivi in materia di conservazione e di accesso al mercato, la direttiva d’accoglienza non è ancora stata tradotta nella legislazione nazionale. Di conseguenza, molte delle disposizioni vigenti in materia di asilo non risultano conformi agli standard minimi richiesti dalla direttiva dell’UE.

Mentre la Grecia peggiora nella crisi e le prospettive di vivere dignitosamente si allontanano di giorno in giorno, il flusso d’immigrati ingrossa le file dei precari. Se l’elevato numero di immigrati legali ed illegali- stimati rispettivamente a 800 000 e 400 000, nel 2011- anche se le stime variano – può sfidare un Paese in crisi, si sottolinea che solo pochi decidono di stabilirvisi. Nel 2011, la maggioranza degli ingressi in Europa sono avvenuti attraverso la Grecia.

I candidati a tali regolarizzazioni avrebbero dovuti essere registrati in un comune spagnolo da almeno 6 mesi, disporre di un contratto di lavoro di una durata superiore ai 6 mesi e non avere precedenti giudiziari né in Spagna né nei loro paesi d’origine al fine di ottenere un permesso di lavoro.