Los últimos en llegar, los últimos en ser atendidos


Jeudi, 10 Juillet, 2014
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La calidad de las viviendas sociales se muestra como un factor determinante para “medir” cómo avanza la lucha contra las discriminaciones étnicas, dependiendo a quiénes son atribuidas, bajo qué condiciones y sobretodo si la oferta cubre la demanda. En Europa, 25 millones de familias gozan del beneficio de la vivienda social, pero no todos son alojados bajo las mismas condiciones.

La crisis en Europa, vanamente reprimida por algunos esfuerzos de austeridad, se mide por el mismo rasero de las poblaciones más vulnerables, estas que cada vez más gozan de menos. Actualmente, es urgente replantear las políticas públicas de vivienda con el fin de responder de la mejor manera a una demanda creciente y evitar así fenómenos como el de los dueños de tugurios, arrendadores sin escrúpulos y ultra selectivos, ya que, a este punto de la ruleta rusa, son en general los mismos que pierden, es decir, los migrantes que se ven privados de sus derechos. Así, en España, la ONG Caritas ha visto como el número de solicitudes de ayuda social se ha multiplicado por dos en dos años, pasando de 400 000 a 800 000 personas; 40% de estas personas son inmigrantes al mismo tiempo que el país cuenta con 11,3% de extranjeros. Según un informe del Observatorio de la Realidad Social de la ONG Caritas, la vivienda es uno de los derechos sociales más difíciles a obtener por los inmigrantes en España.

De la misma forma en Austria se observa una fuerte segregación urbana, consecuencia del libertinaje en el sistema locativo, común en numerosos países del Este. Esta segregación es ocasionada por la concentración geográfica de familias de origen extranjero, esta a su vez es la consecuencia de la reducción notable del número de viviendas sociales. Las políticas de la lucha en contra de las discriminaciones étnicas ideadas por numerosos gobiernos de la Unión Europea para detener la conformación y la expansión de guetos es desaforadamente difícil de llevar a cabo y es a menudo dejada en manos de las administraciones locales y de los arrendadores, que raramente piensan objetivamente en estas comunidades vulnerables. Bélgica, fue por ejemplo, señalada por un informe del Centro por la Igualdad de Oportunidades y la lucha contra el racismo por haber introducido un criterio de adhesión local en su sistema de concesión, que este Centro denuncia como “una manera de impedir a los extranjeros y a los recién llegados de instalarse en el territorio”

Sin embargo, algunos Estados de la Unión Europea intentan conformar una verdadera “homogeneidad social” gracias a sistemas de concesión más transparentes que limiten el clientelismo y la exclusión. Luego, de una demanda por competencia presentada por la Comisión Europea, los Países Bajos tuvo que reconsiderar su decisión. En un principio, accesibles a todos, las viviendas sociales holandesas son hoy en día atribuidas a las familias cuyos ingresos no superan los 33 000 euros anuales, lo que trajo como consecuencia la reducción de la población elegible de 100% a 41%, pero es el sistema de concesión, el Choice Based Lettings, puesto en práctica a finales de los años 80 y que los Países Bajos adoptaron junto con el Reino Unido a partir del año 2000, que ofrece los mejores resultados contra la segregación urbana: las viviendas vacantes son promocionadas en internet o a través de la prensa local, los solicitantes eligen el alojamiento que ellos prefieren, cada candidato recibe un número de puntos, calculados con respecto a los criterios establecidos por el arrendador, la vivienda es finalmente concedida al candidato que tiene el mayor número de puntos. El Housing Research Summary 231 hace mención de en 2006 de una mejor oferta así como de una mejora en el acceso a la vivienda social para personas vulnerables y minorías étnicas gracias a un aumento en el número de los alojamientos disponibles y una reducción de los efectos de la segregación. Sin duda, un ejemplo a seguir en Europa.

 

Christine Chalier

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