Vivienda social en los Países Bajos: ¿un modelo a seguir?

Así, la socióloga Évelyne Baillergeau explica que la fuerza de la organización de las unidades locativas radica en el hecho de encontrarse por fuera de las instituciones tradicionales gracias al contacto directo de los habitantes, el cual favorece el involucramiento y el asesoramiento en los proyectos de ordenación territorial de su barrio.

Según ella, en las grandes ciudades como Ámsterdam o Rotterdam, el porcentaje de viviendas controlado por los arrendadores sociales alcanza hasta el 80%, en algunos barrios, con una presencia importante de poblaciones de inmigrantes.

Los Países Bajos es uno de los únicos países de la Unión Europea que propone un cierto número de unidades locativas sin ninguna condición concerniente a los recursos económicos del posible arrendatario. Esta política de alojamiento evita la conformación de guetos y la segregación espacial y racial, lo que permite a las clases sociales medias alojarse con las clases sociales más pobres, ya que estas viviendas a bajo costo no están exclusivamente reservadas a las clases populares, sin embargo estas poseen un acceso prioritario.

“En las grandes ciudades como Ámsterdam o Rotterdam, el porcentaje de viviendas controlado por los arrendadores sociales alcanza hasta el 80%”.

Los Países Bajos poseen grandes unidades locativas destinadas a la vivienda social, en donde es mucho más fácil observar la homogeneidad social entre las diferentes categorías profesionales. Nos damos cuenta igualmente que el sentimiento de estigmatización en ciertos barrios o al interior de ciertas categorías sociales denominadas “vulnerables” está menos presente que en Francia, por ejemplo las discriminaciones por motivos residenciales, laborales o de acceso a un alojamiento.

¿Cómo van las cosas hoy?

Desde 2005, un debate a nivel europeo es emprendido por la Comisión Europea y el gobierno holandés con relación al tema del alojamiento social. Así, la Comisión Europea busca que los Países Bajos limiten el acceso a sus unidades locativas a los individuos o familias cuyos egresos sean superiores a 33 000 euros por año. Las negociaciones entre los arrendadores sociales, el gobierno holandés y la Comisión Europea están todavía vigentes.

En una época de crisis de vivienda social en Europa, el hecho que la Comisión quiera poner en duda el principio del servicio público de la vivienda social con el ejemplo de los Países Bajos se convierte en una grave falta al principio de homogeneidad y de diversidad social. No, no es porque en los Países Bajos la oferta de alojamientos sociales es “superabundante”, según la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea, que las unidades locativas sociales no deben sino estar reservadas a los más pobres, con graves consecuencias socioeconómicas y políticas que nosotros conocemos en Francia.

Slimane Tirera