Karima Delli: la vivienda es la primera preocupación de los europeos

“El alojamiento no debería ser considerado por los Estados como un gasto más, sino más bien como una verdadera inversión para el futuro, que debería ser tenido en cuenta de forma prioritaria.”

Julien Vanhée: ¿Por qué sería necesario que Europa invierta más en la vivienda social?

Karima Delli: Por primera vez, el Parlamento Europeo se compromete verdaderamente con la inversión en la vivienda social. Europa atraviesa una crisis en cuestión de vivienda social. Muchos europeos no poseen los medios necesarios para acceder a un alojamiento digno en un complejo de viviendas privadas. Cuando miramos las cifras, hoy en día hay cerca de 6% de europeos que no poseen una vivienda, 18% que viven en alojamientos superpoblados o indignos; peor aún, 10% de los hogares, es decir, 50 millones de personas son víctimas de un sobrecoste en el valor de su alojamiento que en muchos casos supera el 40% de lo que ganan. Finalmente, como una novedad, entre 50 y 125 millones de europeos son víctimas de la precariedad energética. Todas estas cifras son alarmantes en Europa.

Al mismo tiempo, los Estados y las colectividades sacrifican las ayudas de vivienda social y reducen sus gastos. La austeridad no es un fin en sí mismo y la baja tendencial de las inversiones en este sector, desde hace treinta años, pone en peligro la cohesión social. La Unión Europea reacciona frente a la urgencia social, a las expulsiones injustas y notifica claramente con este reporte que invertir en vivienda social es un primer paso para salir de la crisis económica, social y ecológica. De hecho, un proyecto de viviendas sociales prevendría el alza en el precio de los alojamientos y evitaría la aparición de burbujas inmobiliarias tan devastadoras como en Irlanda o en España.

Además, la vivienda social no es sólo un amortiguador en tiempo de crisis, sino que constituye un pilar fundamental para el restablecimiento del orden local, del desarrollo para la construcción y la renovación energética. El alojamiento no debería ser considerado por los Estados como un gasto más, sino más bien como una verdadera inversión para el futuro que debería ser tenido en cuenta de forma prioritaria.

Gracias a este informe Europa envía un mensaje, en donde propone algunas recomendaciones de orden político a los Estados miembros para garantizar la inclusión social a través la vivienda social y gracias a fuertes medidas que favorezcan la heterogeneidad social, la prevención de las expulsiones, la transparencia en la atribución de las viviendas sociales y la lucha contra los bienes vacantes.                                                                                                                                                                                                                                  

JV: ¿Conoces casos de países europeos que hayan favorecido o favorezcan sistemas discriminatorios o segregacionistas? Si vamos más lejos, ¿es qué los extranjeros tienen acceso a las viviendas sociales?

KD: El alojamiento es la principal preocupación de los europeos. El conjunto de viviendas sociales existente en toda Europa, excepto en Grecia, representa cerca de 25 millones de personas y cuenta con varios modelos caracterizados por concepciones diferentes de vivienda social, lo que permite combatir la exclusión. Sin embargo, tener acceso a este tipo de beneficios se ha convertido en una verdadera lucha constante para los municipios y los arrendadores. Por ejemplo, algunas poblaciones son discriminadas, es el caso de los extranjeros que sólo pueden acceder a la vivienda social si cuentan con un permiso de residencia, pero las discriminaciones no conciernen única y exclusivamente a los extranjeros; vemos también como los desempleados, los beneficiarios de  ayudas sociales y los trabajadores pobres deben enfrentar cierto tipo de “controles” para acceder a un alojamiento social.

Además, la segregación territorial en la concesión de alojamientos sociales es establecida por la atribución a nivel comunal. Este tipo de discriminación fomenta la concentración de los hogares más pobres en ciertas áreas sobretodo a las afueras de las grandes aglomeraciones urbanas. La heterogeneidad social debe existir tanto en el centro de las ciudades como a las afueras de las ciudades.

JV: La ley francesa impone a cada municipalidad de más de 3 500 habitantes la previsión de un 20% de alojamientos sociales de su inventario inmobiliario. ¿Cómo explicar entonces que a nivel europeo el porcentaje alcanza apenas el 5%?

KD: En varios países no se conoce ninguna crisis con relación a las viviendas sociales, por ejemplo en Alemania existe un marco con respecto a la atribución de las viviendas sociales que no existe en Francia. En los Países Bajos, la taza de alojamientos sociales alcanza el 60% mientras que en Suiza existen alternativas de vivienda social como la covivienda o las cooperativas. La forma como es abordado el tema del alojamiento es diferente dependiendo del país en cuestión.

JV: Algunos países empiezan a considerar la restricción al acceso a las viviendas sociales, particularmente el primer ministro británico, David Cameron, que buscaría reducir el acceso de los migrantes a los alojamientos. ¿esta nueva ola de discriminaciones en el acceso a la vivienda social es preocupante?

KD: Cameron y los conservadores europeos quieren hacer creer que la pobreza es una elección de vida y como siempre los pobres, los migrantes se convierten en los chivos expiatorios de la derecha que hace alusión a ellos para justificar los fracasos de la política liberal. En Francia la idea de reservar la vivienda social a los nacionales viene directo de los políticos execrables. La Unión Europea combate con todas sus fuerzas estas tentativas populistas, discriminatorias y xenófobas y denuncia de la misma forma las declaraciones hechas por el Sr. Cameron. El derecho a la vivienda es un derecho fundamental universal inscrito en la Carta de los derechos fundamentales. Todos los Estados deben entonces aplicarlo, reconocerlo y garantizar su aplicación. La población discriminada es diversa: los migrantes, los jóvenes, las familias monoparentales, los trabajadores o los jubilados de escasos recursos. Este informe quiere y debe aportar respuestas en particular a las personas más implicadas y luchar contra el “euroescepticismo” y contra todo tipo de extremos. Es un verdadero paso con dirección a una Europa mucho más local.

JV: En la preconización de este informe, la transparencia es mencionada, ¿qué pasa entonces con el anonimato o las gestiones en este sentido?

KD: En Europa se está de acuerdo con el anonimato en las solicitudes de alojamiento. Francia se constituye en un ejemplo tardío de la adopción de esta práctica, un retraso bastante considerable en relación con sus vecinos europeos.

Frente a las desviaciones en la atribución de los alojamientos sociales, como aquella del director del jefe de gabinete de Christine Boutin, el anonimato en las solicitudes se convierten él mismo en la causa de las irregularidades. Por otra parte, la Halde había constatado en 2006 que este método había permitido el avance en la atribución de viviendas sociales a solicitantes extracomunitarios, pasando así de 43% a 59%. Alcanzar el 25% de viviendas sociales en las ciudades con más de 3 500 habitantes va a ser un avance remarcable, con el precio de los alojamientos que se conocen en Francia, por ejemplo, cómo podemos considerar hoy en día que las municipalidades prefieran pagar multas en lugar de construir alojamientos sociales, considerando que las viviendas sociales están estrechamente relacionados con una comunidad pobre. Habrá que ser exigente en cuanto a la definición de heterogeneidad social, que no tiene aún un alcance jurídico.

El anonimato de las solicitudes deberá estar acompañado de una jerarquía más clara y más equitativa de los criterios fundamentales para la concesión de una vivienda social que permita reforzar la transparencia inspirándose de Europa que ofrece una gama de modelos mucho más eficaces. El modelo adoptado en Londres desde el inicio del año 2000 consiste en destinar las viviendas sociales a los candidatos que cuenten con un mayor número de puntos, estos alojamientos son concedidos en función de varios criterios, tales como la antigüedad de la solicitud, los ingresos del solicitante, la urgencia de la situación y si el solicitante tiene o no tiene hijos, este mismo sistema existe también en Suecia y en los Países Bajos, a mayor número de puntos mayor la posibilidad de obtener una vivienda social. En Francia, el sistema de transparencia y en particular este sistema de puntos fue puesto en marcha en Rennes desde el año 2002 y fue de igual manera probado en Grenoble, así como en otras grandes ciudades. Los Estados miembros deben asegurar la igualdad, la transparencia, pero también la imparcialidad en la selección de los criterios determinantes para la atribución de una vivienda social, esto con el fin de evitar toda tipo de discriminación y todo fenómeno de segregación territorial de las comunidades más vulnerables. Estos criterios deberán permitir el establecimiento del equilibrio territorial, especialmente a nivel intercomunitario, y respuestas puntuales a las necesidades de las poblaciones locales.

“Europa está de acuerdo con el anonimato en las solicitudes de alojamiento y hace todo lo posible para que los Estados miembros adopten esta práctica”

Declaraciones recogidas por Julien Vanhée