España: un paso atrás después de las regularizaciones

Los candidatos a esta regularización debían ser censados por una municipalidad española 6 meses antes de dicha regularización, disponer de un contrato de trabajo con una duración superior a seis meses y no tener antecedentes penales ni en España ni en sus países de origen, con el fin de poder obtener un permiso para trabajar. En cuanto a las solicitudes por “arraigo social”, el inmigrante debía presentar la constancia de una estadía previa de 3 años, un contrato de trabajo de 1 año, así mismo debía tener miembros de la familia de primer grado de consanguinidad que tuvieran ya un certificado de residencia vigente o en su defecto un informe de la alcaldía del lugar de residencia que diera fe de un proceso de inserción social. Solamente 11,5 de los expedientes fueron rechazados.

En diciembre de 2009, el hemiciclo español dio fuego verde, con una votación de 180 simpatizantes, 163 opositores y 3 abstenciones, a una nueva ley en materia de inmigración, menos tolerante que antes…La ley fue criticada por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) con respecto a una medida: el período de detención de los inmigrantes ilegales por la policía pasó de 40 a 60 días. 

"Rafael Hernando anunció en noviembre de 2011 la imposibilidad de regularizar los inmigrantes ilegales por razones estrictamente sociales."

Sin embargo, esta ley propone novedades como la protección de las mujeres migrantes víctimas de la violencia, la ocasión para las ONG y otras entidades privadas de hacerse cargo de las tutelas de los menores extranjeros “desamparados”, el reconocimiento de los derechos de reunión, manifestación, asociación, el derecho a la educación hasta los 18 años y la asistencia jurídica gratuita. La nueva ley fortalece igualmente las competencias de las regiones autónomas. Estas últimas podrán expedir permisos iniciales de trabajo o de residencia al interior de su propio territorio.

Después de esta ley duramente criticada, el portavoz del Partido Popular para la Inmigración Rafael Hernando anunció en noviembre de 2011 la imposibilidad de regularizar los inmigrantes ilegales por razones estrictamente sociales. El objetivo era dar fin a las legalizaciones masivas y limitar al máximo las regularizaciones. Es así que el 15 de abril de 2011 la ley fue modificada. Esta vez, la ley obligaba a los inmigrantes ilegales a probar 3 años de residencia sobre el territorio español, un contrato de trabajo de 1 año, no tener antecedentes penales y poseer vínculos familiares con otros residentes extranjeros. Además, esta nueva ley, prohibía la utilización de la visa de turismo para quienes pretendían obtener la regularización por arraigo social.

Vigente desde el 1 de julio de 2011, el ejecutivo afirma que esta nueva legislación traerá novedades positivas, como el hecho de otorgar más protección a los inmigrantes en situación irregular víctimas de la violencia conyugal, incluidos sus hijos. Esta nueva legislación protege también las víctimas de las mafias de inmigrantes y facilita un “regreso privilegiado” a todo inmigrante sin empleo quien haya decidido regresar voluntariamente a su país de origen.

No obstante, no es la opinión ni de las colectividades ni de las asociaciones en favor de la defensa de los inmigrantes que reconocen un retroceso en lo que atañe a las cuestiones migratorias en España.

Sabine Mallet

Traducido por: Diego Fernando Grajales Jaramillo